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Zdero gastó $218 millones en la Cabalgata de la Fe: 6.5 millones solo en viáticos por 138 kilómetros

Una de las partidas más polémicas son los viáticos otorgados a funcionarios y empleados del Estado que viajaron a Quitilipi para participar del evento.

La Cabalgata de la Fe organizada por el gobierno provincial generó un nuevo escándalo por el alto costo que representó para las arcas públicas. Según documentos revelados, el gobernador Leandro Zdero autorizó gastos adicionales que elevan el total destinado al evento a la impresionante suma de 218.3 millones de pesos.

Inicialmente presupuestado en 130 millones de pesos para cubrir diversos costos operativos, el evento recibió una inyección adicional de 82 millones de pesos, cuyo destino aún no fue completamente transparentado por el Poder Ejecutivo.

Una de las partidas más polémicas son los viáticos otorgados a funcionarios y empleados del Estado que viajaron a Quitilipi para participar de la Cabalgata. A pesar de la corta distancia de 138 kilómetros entre Resistencia y Quitilipi, se autorizó el pago de 6.5 millones de pesos en viáticos.

Este gasto se distribuyó en 57 autorizaciones especiales, abarcando a áreas como la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad, los institutos de Turismo y Cultura, así como los ministerios de Desarrollo Humano, Producción e Infraestructura, entre otros.

Destacan los costos generados por Cultura, que reservó 19 habitaciones en el Hotel Gualok de Sáenz Peña por un total de 832,200 pesos, además de 489,574 pesos en anticipos y gastos varios, sumando un total de 1,321,774 pesos. El Instituto de Turismo también tuvo un fuerte impacto con 1,229,840 pesos en viáticos para el evento en Quitilipi, seguido por la ministra Carina Botteri Disoff con 1,068,160 pesos y Hernán Halavacs con 653,900 pesos para Producción.

Estos gastos fundaron críticas significativas debido al contexto económico actual y a las necesidades urgentes de la provincia, planteando interrogantes sobre la administración de los recursos públicos y la priorización de gastos por parte del gobierno provincial.

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