Este viernes, el Tribunal Oral de Resistencia comenzó a deliberar y se pretende que para el próximo 8 de mayo a las 12 horas se determine el veredicto que establecerá si Aída Ayala y Jacinto Sampayo fueron responsables o no en los supuestos hechos de corrupción que favorecieron a la empresa PIMP SA.
Luego de seis años del inicio de la causa Lavado II y a ocho meses del comienzo del juicio, comienza la recta final del juicio. De esta manera, el Tribunal Oral de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Bosch, Juan Manuel Iglesias y Noemí Berros. Así en 2018 se inició la investigación por un presunto negocio en la gestión de Aída Ayala dentro del Municipio de Resistencia, que habría beneficiado a la empresa PIMP S.A con la recolección de residuos en la ciudad.
En consecuencia, se cree que la ex diputada nacional “dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo”.
En la misma línea, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, para el Ministerio Público Fiscal, junto a Ayala, fue ideólogo de una “organización ilícita que se apropió de recursos públicos para luego blanquearlos mediante diversas maniobras”.
En este sentido, la última etapa del juicio se llevó a cabo esta semana cuando el TOF invitó a los imputados a dar sus últimas palabras. Por su parte, Sampayo se mantuvo en silencio, no obstante, Ayala llorando proclamó su inocencia y reiteró lo que oportunamente declaró: “La causa fue armada”.
“Soy inocente, quiero reafirmar en este acto mi inocencia y decir que definitivamente esta fue una causa armada. Armada porque las pruebas están a la vista, el objetivo era mi persona. Fue en el 2017, luego de ese éxito rotundo donde yo me postulaba a la gobernación. El objetivo era terminar políticamente con mi carrera y aquí están las pruebas. Yo estoy proscripta. No solo políticamente, estoy proscripta en esta sociedad. Lograron su objetivo. Les pido, ustedes tienen las pruebas, que las lean, que las valoren, creo en la Justicia y fundamentalmente creo en ustedes. Yo soy inocente y la gente muchos los saben si preguntan a los vecinos. Di mi vida por la ciudad de Resistencia y solo estoy pidiendo verdad y justicia. Estoy pidiendo que me devuelvan esas únicas banderas que yo las enarbolé siempre que son de la honestidad y de la transparencia, me las han arrebatado”, afirmó la exintendenta.
Asimismo, otro de los protagonistas de la causa que también decidió hablar fue Daniel Alejandro Fischer, a quien acusan de conformar “una organización destinada a la obtención de beneficios económicos, a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia, valiéndose para ello de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para resultar beneficiados en las licitaciones, y al mismo tiempo para ocultar la identidad de los verdaderos dueños” (delitos precedentes)”, entre otros delitos.
“Al fiscal lo escuché incurrir en los mismos errores que nosotros habíamos marcado, tanto en el requerimiento como en su alegato, y la verdad falta a la verdad. Por eso le pido al Tribunal, con el mayor de los respetos, que contrasten lo que dice el fiscal y las pruebas que él dice tener, con las que nosotros también expusimos y que están dentro del expediente”, expresó Fischer.
El abogado afirmó que tanto él como su familia cayeron en una “disputa política que nos ha afectado mucho”. “Estamos embargados, inhibidos desde el año 2018. Hemos pasado enfermedades, mucha tristeza y entonces lo que yo les quiero pedir señores jueces que nos devuelvan la dignidad que nos sacaron y que se haga justicia”, finalizó.
Fuente: DiarioTAG
