El pasado viernes 7, un camión de carga protagonizó un incidente vial en la rotonda de la ruta 16 y la avenida Sabín de Resistencia. El incidente reveló que el acoplado llevaba más de 25 toneladas de cobres, cables y otros elementos similares a los fueron robados a la red eléctrica de Secheep en las últimas semanas.
Tras esto, la fiscal N° 1 Ingrid Wenner, dispuso la intervención de la División Delitos Económicos y Leyes Especiales para dar con el origen de la carga.
Las testimoniales y análisis de comunicaciones indicaron que las toneladas de cobres fueron cargadas en la chacarita Los Quebrachales, ubicada sobre avenida Alvear al 3000, que no coincidía con el remito que exhibió el camionero, que adujo que la carga la realizó en Arroyo Seco, Santa Fe, en la empresa Trans Mellys. Sin embargo, la Policía de dicha provincia mencionó que en el domicilio indicado en el remito no existe dicha empresa.
Ante esta información, establecieron que hubo maniobras fraudulentas entre las empresas Los Quebrachales y Trans Mellys, para transportar la carga hacia La Quiaca, Jujuy, por lo que solicitaron allanamientos.
En total, se realizaron cuatro allanamientos este viernes en Resistencia, expedidos por el Juzgado de Garantías N° 3, junto con los ayudantes fiscales Néstor Pelozo, Yanina Candía, Gabriel Gaona y Vanesa González.
Uno de los allanamientos fue en la chacarita Los Quebrachales, donde secuestraron casi 39 millones de pesos, dos notebooks, un pendrive y documentación varia.
El segundo procedimiento fue en un domicilio sobre calle Pío XII al 400, donde incautaron una escopeta calibre 22, un revólver calibre 38, dos revólveres calibre 32, cartuchos varios y cuatro pendrives. Además, la moradora de la vivienda fue notificada por supuesta infracción del artículo 189 bis del Código Penal Argentino, por portación de arma de fuego.
En los restantes allanamientos, sobre avenida San Martín al 900 y Catamarca al 200, secuestraron un celular, documentaciones varias y una notebook.
Durante las diligencias, estuvo presente el jefe de la Policía, Fernando Romero, y el Departamento Cibercrimen hizo un filtrado rápido sobre los equipos informáticos en los domicilios allanados.