El Comité para la Prevención de la Tortura presentó una denuncia formal contra el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, y el comisario inspector del Departamento de Infantería, Miguel Agued, acusándolos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, incitación a la violencia y desobediencia judicial. Esta denuncia surge a raíz del operativo policial desproporcionado llevado a cabo el miércoles por la tarde en el microcentro de Resistencia, durante una manifestación en repudio a la Ley Bases.
El organismo denunciante calificó el accionar policial, ordenado por Romero, como “arbitrario, excesivo, desproporcionado e ilegítimo”, citando el uso injustificado de spray de pimienta directamente sobre los manifestantes. El Comité subrayó que tales acciones son alarmantes en un estado democrático de derecho, ya que buscan intimidar a la población y criminalizar el derecho constitucional de protesta social.
La denuncia
La manifestación contra la Ley Bases se programó para el miércoles 12 de junio a las 18:00 horas, con una concentración en diversos puntos de la ciudad. Diversos referentes sociales planearon una protesta pacífica sin interrumpir el tráfico, marchando hacia el mástil de la avenida 9 de Julio y luego hacia la Casa por la Memoria.
Según la denuncia, el jefe de Policía Fernando Romero llegó a las 18:40, afirmando tener órdenes del gobernador y del ministro de Seguridad para impedir que los manifestantes llegaran a la Casa por la Memoria. Romero ordenó a sus subalternos despejar la calle en 15 minutos. A las 19:14, Romero instruyó a la infantería a desplazar a los manifestantes hacia la Plaza, formando un cordón de tres filas de uniformados frente a la Casa por la Memoria. Durante este operativo, se arrojaron gases químicos y se empujó con escudos a personas mayores y mujeres que lideraban la manifestación.
Hechos previos
El escrito también detalla que a las 18:10, un patrullero bloqueaba la circulación frente a una estación de servicio, con cinco uniformados a cargo del comisario mayor Nelson Marcelo Alvarenga impidiendo el avance de los manifestantes. Sin justificación aparente, el personal policial cargó una escopeta con cartuchos anti tumulto, exhibiéndola visiblemente.
Al llegar a la calle Güemes al 46, los manifestantes se encontraron con otros grupos detenidos por un cordón policial de Infantería, bajo el mando del comisario inspector Miguel Darío Agued, quien no estaba identificado. Cuando el personal del Comité se acercó para documentar el cumplimiento de la Ley N° 2399-J, Agued se negó a proporcionar información sobre el procedimiento policial y, en tono alto, le ordenó a una de las profesionales del Comité dejar de molestar a su personal.
La denuncia resalta la falta de identificación y transparencia por parte de los oficiales involucrados, así como el uso de fuerza excesiva e intimidación hacia los manifestantes y observadores de derechos humanos.
