El Tribunal de Cuentas respondió al planteo de los concejales del Frente Chaqueño, Fabricio Bolatti y Lucila Masin, y del CER, Soledad Villagra, Ángel Sánchez y Guillermo Monzón, sobre la implementación del “Legítimo Abono” por el gobierno de Nikisch. Este instrumento buscaba avalar el pago de $1.300 millones correspondientes a operaciones de ejercicios anteriores sin la documentación adecuada que asegurara su legalidad y la recepción del servicio o bien adquirido, situación reconocida por el propio intendente.
Ante esta estrategia del oficialismo municipal, los concejales opositores solicitaron la revisión del caso al Tribunal de Cuentas. “Necesitábamos precisar el alcance de la Ordenanza que sancionó el ‘Legítimo Abono’ para una lista de operaciones que serían deudas del ejercicio anterior, pero que no cuentan con documentación respaldatoria”, expresaron los ediles.
El Tribunal de Cuentas confirmó que el instrumento no debe ser utilizado para el pago de deudas sin documentación. “El Tribunal de Cuentas deja en claro que la Ordenanza no incluye el objetivo de pagar expedientes ‘flojos de papeles’ que no garantizan la recepción del bien o servicio adquirido”, sostuvieron los concejales.
En respuesta, el Tribunal afirmó que la declaración de “Legítimo Abono” no subsana los vicios de incumplimientos de la normativa vigente para la ejecución del gasto. Los concejales opositores argumentaron que el intendente promovió el pago de más de $1.300 millones en deudas supuestas sin documentación exigible, lo que generó dudas y motivó la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.
Los ediles subrayaron que el “Legítimo Abono” no está contemplado en la Constitución, Carta Orgánica, leyes ni ordenanzas aplicables, y que su utilización podría prestarse para la malversación de fondos públicos.
