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La polémica medida de Patricia Bullrich: autorizó el uso de IA para monitorear redes sociales

La ministra de Seguridad anunció la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), con la capacidad de supervisar perfiles públicos, sitios web, aplicaciones y la dark web. Expertos advierten sobre posibles inconstitucionalidades.

En una medida polémica, el Ministerio de Seguridad decidió utilizar inteligencia artificial para vigilar las redes sociales y “predecir futuros delitos”.

La ministra Patricia Bullrich firmó la resolución 710/2024, que establece la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS). Esta unidad tendrá la capacidad de monitorear perfiles públicos, sitios web, aplicaciones y la dark web para detectar conductas y usuarios sospechosos.

La ministra fundamentó esta decisión basándose en la experiencia de potencias como Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur e India, países que ya utilizan la inteligencia artificial en sus áreas de seguridad.

“Estos países son pioneros en la utilización de la IA en sus áreas de gobierno y fuerzas de seguridad”, afirma la resolución.

La resolución sigue la línea de trabajo iniciada en mayo pasado, cuando Bullrich habilitó a las fuerzas federales a realizar “ciberpatrullajes” en internet y redes sociales mediante la resolución 428/2024. La nueva unidad específica de inteligencia artificial tiene como objetivo prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos mediante el uso de esta tecnología avanzada.

Funciones principales de la UIAAS:

Monitoreo de redes sociales y aplicaciones: Patrullarán redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios web y la dark web para identificar delitos y a sus autores, o situaciones de riesgo para la seguridad pública.
Análisis de actividades en redes: Se analizarán actividades en redes sociales para detectar potenciales amenazas, identificar movimientos de grupos delictivos y prever disturbios.
Detección de transacciones sospechosas: La unidad también se encargará de identificar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales.
Desactivación de explosivos: Utilizarán robots para la desactivación de explosivos.

La unidad estará compuesta por especialistas de las cuatro fuerzas federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La coordinación estará a cargo del Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, bajo la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad.

Facultades destacadas:

Identificación y comparación de imágenes: Análisis predictivo utilizando algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos históricos de crímenes y predecir futuros delitos.
Detección de amenazas cibernéticas: Identificación de patrones inusuales en redes informáticas y detección de amenazas antes de que ocurran ataques.
Procesamiento de grandes volúmenes de datos: Extraer información útil, crear perfiles de sospechosos e identificar vínculos entre diferentes casos.
Vigilancia aérea con drones: Patrullaje de áreas extensas, proporcionando vigilancia aérea y respondiendo a emergencias.
La implementación de la inteligencia artificial en la seguridad pública promete ser una herramienta poderosa, aunque no exenta de controversias y desafíos legales.

Andrés Gil Domínguez, especialista en Inteligencia Artificial y profesor de Derecho Constitucional, comentó sobre la medida: “El Estado tiene la tarea de prevención del delito, de implementar políticas en aras de la seguridad. No veo nada de malo en que se haga investigación en fuentes abiertas e incluir la dark web, me parece bárbaro”. Sin embargo, Gil Domínguez advirtió que “no es lo mismo ciberpatrullar en busca de delitos ya tipificados en el Código Penal que hablar de conductas de hipotético riesgo, eso ya es inconstitucional”.

Patricia Bullrich defendió la medida, asegurando que “el uso de la IA mejorará significativamente la eficiencia de las distintas áreas del Ministerio y de las fuerzas policiales y de seguridad federales, permitiendo respuestas más rápidas y precisas ante amenazas y emergencias”.

La resolución 428/2024, que habilitó los ciberpatrullajes, mencionó la necesidad de “dotar de herramientas jurídicas las técnicas investigativas en materia de ciberdelitos o delitos con presencia de la tecnología o utilización de tecnologías”. El ciberpatrullaje está dirigido a investigar delitos como infracciones a la ley de drogas, amenazas, violación a la ley de armas y explosivos, delitos informáticos, falsificación de documentos, maltrato animal, acoso y violencia de género, entre otros.

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