El Gobierno Nacional oficializó la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del decreto 730/2024, abriendo un nuevo capítulo en la ya tensa relación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, este decreto impone un plazo de un año para que la AFA modifique su estatuto y permita que los clubes que adopten esta figura jurídica puedan participar en los torneos oficiales.
Sin embargo, la AFA dejó en claro su postura firme contra esta medida. A lo largo de varias instancias, incluida la reciente reunión del Comité Ejecutivo en julio, la entidad ratificó la “inalterabilidad del Estatuto” y se opuso categóricamente a la imposición de cambios que consideren inconstitucionales. Este rechazo encontró eco en la Justicia, que otorgó a la AFA un respiro al dictar una medida cautelar que frena los artículos del DNU 70/2023, impidiendo la obligatoriedad de las SAD.
La postura del Gobierno, expresada también por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, insiste en que la AFA debe cumplir con la ley y abrirse a esta nueva modalidad que, según sus defensores, permitiría una inyección de capitales en los clubes.
Sin embargo, la resistencia de la AFA y el respaldo judicial que ha recibido sugieren que la batalla legal y política está lejos de terminar. En medio de este conflicto, surge la preocupación de que la FIFA podría intervenir y desafiliar a la AFA si percibe que el Gobierno argentino está interfiriendo en la autonomía de las asociaciones deportivas.