El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su controvertido enfoque hacia los derechos humanos, decretando el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Este organismo, clave en la búsqueda de niños y niñas apropiados durante la dictadura militar argentina, ya no tendrá la facultad de conducir investigaciones ni acceder a los archivos del Estado, dejando en incertidumbre cientos de casos aún pendientes de resolución.
Este miércoles, el gobierno derogó el decreto 715/2004 de Kirchner y, de esa forma, cerró la UEI de la Conadi. El argumento es que el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones, que deberían ser conducidas por el Ministerio Público Fiscal (MPF). “No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con éste, el legislador asigna a órganos específicos del Estado nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental”, dice el decreto 727/2024.
Este movimiento, considerado por muchos como un ataque directo al proceso de verdad y justicia, sigue la línea de otras acciones recientes del gobierno libertario que generaron críticas, como la decisión de seis diputados nacionales de visitar en el penal de Ezeiza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad
La Conadi, que opera desde 1992 y cuyo rol fue ratificado y ampliado bajo la presidencia de Néstor Kirchner en 2004, fue un pilar fundamental en la colaboración con las Abuelas de Plaza de Mayo para localizar a los niños y niñas robados durante el terrorismo de Estado.
A través de su Unidad Especial de Investigación, la Conadi tuvo acceso a archivos clave que permitieron avances significativos en la restitución de la identidad a las víctimas de apropiación. La decisión de Milei de derogar el decreto que sustentaba esta unidad, junto con la remoción de Claudia Carlotto de la dirección del organismo, fue recibida con consternación por defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
A pesar de las medidas cautelares dictadas por la justicia para proteger el acervo documental de la Conadi, el futuro de las investigaciones pendientes es incierto, y el impacto de estas decisiones sobre la memoria histórica y los derechos humanos es innegable.
