El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco realizó una nueva inspección en el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña, específicamente en el Módulo VII, donde se constataron serias deficiencias a pesar de una orden judicial que exigía mejoras urgentes. La sentencia, emitida por el juez Rodolfo Lineras, había ordenado medidas correctivas para garantizar el acceso a agua potable, atención médica adecuada, condiciones de higiene y reducción del hacinamiento, entre otros puntos. Sin embargo, el Comité informó que “no se registran mejoras significativas”.
En julio, el juez Lineras calificó las condiciones en el penal como “peores que en una perrera municipal”, denunciando la suciedad, humedad, falta de luz natural, y las precarias instalaciones sanitarias. Además, reveló que los internos son sometidos a tratos crueles e inhumanos, situación que persiste según el reciente monitoreo del Comité. El pabellón, destinado supuestamente a proteger la integridad psicofísica de personas en situación vulnerable, en realidad funciona como un espacio de castigo.
Durante la inspección, se detectaron situaciones alarmantes, como la presencia de personas con padecimientos mentales sin la atención adecuada, y se denunció que los internos son golpeados durante las requisas, muchas veces sin recibir la asistencia médica necesaria a menos que se autolesionen. La violencia y los abusos por parte del personal penitenciario son sistemáticos, según los testimonios recogidos.
El juez Lineras ha dictado una serie de medidas correctivas y preventivas, incluyendo la mejora de las instalaciones eléctricas, suministro continuo de agua potable, provisión de mobiliario adecuado y separación de internos procesados y condenados. Sin embargo, el cumplimiento de estas disposiciones sigue siendo una incógnita, y el Comité se mantiene vigilante para asegurar que se respeten los derechos humanos de los detenidos.