Un proyecto legislativo puso en evidencia una grave crisis laboral en Puerto Las Palmas, una terminal fluvial clave para el Chaco. Un grupo de empleados denunció maltrato, desplazamiento y falta de tareas asignadas por parte de las autoridades políticas, generando alarma en la Cámara Legislativa.
Los trabajadores afectados llevan más de cinco años en la Jurisdicción 55, que depende del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, liderado por Hugo Domínguez. La situación se deterioró tanto que el grupo tuvo que recurrir a la Justicia. Esta intervino con una medida cautelar que prohibió su despido, aunque los contratos siguen congelados y las tareas no les han sido reanudadas.
Las denuncias incluyen atrasos salariales, falta de funciones asignadas, abuso de poder y persecución laboral. A pesar de cumplir funciones cruciales como asesoría jurídica, contable, comercial y desarrollo de proyectos, los empleados vieron cómo sus contratos fueron suspendidos y estuvieron al borde del despido definitivo tras el cambio de gobierno.
Recientemente, los trabajadores se reunieron con legisladores provinciales que mostraron su solidaridad y presentaron un proyecto para abordar la situación. Este proyecto solicita el cese inmediato de las omisiones, la persecución laboral y el trato desigual por parte de los superiores jerárquicos. También se pide a las autoridades del Puerto Las Palmas y del Ministerio de Infraestructura que cesen el hostigamiento y restituyan a los empleados en sus funciones, respetando sus derechos laborales según el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los artículos 28 y concordantes de la Constitución Provincial.
Además, se solicitó que se remita una copia del proyecto a las autoridades de las jurisdicciones 55 y 23, así como a los organismos pertinentes para resolver los reclamos formales presentados.
La crisis en el Puerto Las Palmas continúa sin resolución, y los trabajadores siguen enfrentando un trato desigual y restrictivo mientras buscan una solución justa a su situación.