En el marco de una investigación por presunta extorsión de grupos piqueteros a beneficiarios de planes sociales, la Justicia allanó este miércoles 24 sedes de organizaciones sociales en la zona sur del conurbano bonaerense. Los operativos, encabezados por la Prefectura Naval, se realizaron en comedores y merenderos bajo la orden del Juzgado Federal de Quilmes.
Durante los allanamientos, se encontraron alimentos vencidos y en mal estado en las sedes del Movimiento Teresa Rodríguez. Estos productos fueron secuestrados y notificados al área de bromatología de la provincia de Buenos Aires. Además, se informó al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, sobre los alimentos en buen estado encontrados.
La Prefectura también incautó computadoras, celulares, armas de fuego, marihuana y una suma considerable de dinero en efectivo. Entre las armas, se hallaron un revólver calibre 22 milímetros y una réplica de 9 milímetros. Además, se encontraron casi $500.000 en efectivo y una serie de documentos, incluyendo anotaciones y planillas de asistencia, que serán aportados al expediente de la investigación.
Operativos Simultáneos
Los allanamientos se llevaron a cabo simultáneamente a las 9 de la mañana en las localidades de Florencio Varela, Dock Sud, Villa Domínico, Gerli, Berazategui, Quilmes, Ezpeleta y San Francisco Solano. Entre las cooperativas inspeccionadas, se encuentran Martin Fierro, el Movimiento y la Cooperativa Teresa Rodríguez Limitada, Barrios de Pie, la Dignidad Confluencia, el Polo Obrero, el Frente de Organización de Lucha (FOL), el Movimiento de Trabajadores Desocupados, Movimiento Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento La Resistencia San Jorge, la Federación Nacional, y el Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad M.I.M.
Reacciones y Denuncias
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó los hallazgos a través de su cuenta de X. “Comedores, merenderos y depósitos repletos de alimentos vencidos que las distintas agrupaciones recibieron del Estado para entregar a los más vulnerables y no lo hicieron. ¡Una vergüenza total y absoluta!”, escribió. Y añadió: “Los delincuentes de la pobreza, los intermediarios que se aprovechan de los más vulnerables, no tienen más poder”.
La investigación, que comenzó en abril tras denuncias recibidas a través de la línea 134, empieza a arrojar luz sobre las prácticas coercitivas supuestamente utilizadas por estas agrupaciones para garantizar la asistencia a sus marchas. Muchos denunciantes manifestaron ser amenazados con perder los beneficios del plan Potenciar Trabajo si no se sumaban a las movilizaciones.
