El gobierno provincial decidió despedir a Darío César Perezlindo, quien fue Jefe del Departamento de Tesorería y luego Director de Administración del ex Ministerio de Gobierno, luego de revelar un desvío millonario de fondos estatales. El ahora ex funcionario fue despedido mediante el decreto 643. La acusación incluye la transferencia ilegal de más de $5 millones a su cuenta bancaria personal.
Según la investigación del Tribunal de Cuentas de la Provincia, durante el año 2023 se observaron una serie de Comprobantes de Gastos Extrapresupuestarios dentro del Ministerio de Gobierno, lo que despertó sospechas. La auditoría reveló que se giraba dinero a una cuenta no perteneciente a la Tesorería, sino a Perezlindo. Este patrón de conducta se mantuvo tanto en su etapa como Jefe del Departamento de Tesorería como en su posterior rol como Director de Administración.
La maniobra fue aún más compleja: las órdenes de pago se emitían inicialmente a la Tesorería General pero eran anuladas y redirigidas a la cuenta personal de Perezlindo. Esta situación se repitió incluso después de que la contadora Paola Jaimes asumiera como Directora de Administración, con Nancy del Carmen Colman como responsable de la Tesorería.
Siguiendo esta línea, la Resolución N° 0678/23 del 26 de abril de 2023 ordenó la instrucción del sumario, mientras que el 27 de abril del mismo año, las actuaciones fueron remitidas a la Dirección de Sumarios. Además, se radicó una denuncia penal bajo expediente “Chapo, Juan Manuel S/Denuncia”, aún en espera de resolución.
La conclusión de la investigación fue contundente: durante su gestión, Perezlindo desvió fondos estatales a su cuenta personal, violando la normativa vigente. Por su parte, Colman, Jefe del Departamento de Tesorería, fue sobreseída tras enfrentar acusaciones por negligencia en la custodia de los fondos estatales y por no reportar irregularidades que pudieran causar perjuicio económico al Estado.
Finalmente, tras un exhaustivo análisis, la Asesoría General de Gobierno concluyó que se respetaron los derechos del agente durante todo el proceso disciplinario. Perezlindo tuvo la oportunidad de defenderse y presentar pruebas, pero las evidencias apuntaban inequívocamente hacia su responsabilidad en el desvío de fondos públicos, una acción que le costó su puesto y lo enfrenta a severas consecuencias legales.
