La investigación acumula fuertes indicios de que el Polo Obrero construyó un mecanismo ficticio para quedarse con los fondos que recibía del Plan Conectar Trabajo; los cheques y documentos que complican a Belliboni.
En menos de 10 días, el 25 de junio, Eduardo Belliboni deberá presentarse en Comodoro Py a indagatoria en el juzgado de Sebastián Casanello.
El caso del Polo Obrero y su líder es el más avanzado en cuanto a las denuncias que se realizaron contra los grupos piqueteros, en las que además de haberse reunido prueba sobre extorsiones y amenazas a los beneficiarios de los planes sociales, se recopiló documentación contundente sobre el manejo de los subsidios que recibían del Estado.
En ese sentido, la Justicia acumuló fuertes indicios de que el dinero salía de las arcas públicas, pasaba a través de un sistema de cooperativas y empresas fantasmas con facturas truchas y cheques redirigidos, y volvía a los bolsillos de la política.
La Nación mostró el 30 de mayo las facturas apócrifas que firmaba el propio Belliboni, pero el líder piquetero negó conocer que las empresas que le prestaban servicios o le vendían productos eran de compañías fantasma.
Ahora, La Nación accedió a una serie de cheques y posteriores rendiciones al Ministerio de Desarrollo Social que lo complican todavía más, porque la firma de Belliboni aparece en todo el circuito de dinero. Y revela que los destinatarios finales de los fondos que se pagaban en concepto de computadoras, software y otros bienes, en realidad, no eran los supuestos vendedores, sino la empresa que está detrás de la propaganda del Partido Obrero.
Estos elementos fueron incorporados como indicios de una ruta del dinero destinada a quedarse con parte del dinero de los subsidios a través de facturas apócrifas.
El recorrido es el siguiente: el dinero era transferido del Estado Nacional a las cooperativas del Polo Obrero que gestionaban los planes. Estas eran la Cooperativa El Resplandor Ltda y la Asociación Civil Polo Obrero.
Luego, las cooperativas supuestamente “compraban” o “adquirían servicios” a empresas para proveer de insumos de trabajo a quienes recibían los planes. Esos pagos se realizaban con cheques a sociedades vacías como Coxtex, que la Justicia investiga como una posible usina de facturas truchas.
Los cheques, sin embargo, estaban dirigidos a otras empresas que redirigieron el dinero a un destinatario final común: Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, que está detrás del semanario Prensa Obrera y tiene domicilio fiscal en la sede oficial del Partido Obrero.
Por ejemplo, el 4 de noviembre de 2021, Coxtex SA emitió una factura B a la Asociación Civil Polo Obrero por un monto total de $3.644.418, por los siguientes productos: 12 notebooks Lenovo Ideada S 340 gris 15.6″ Intelcore 15; 11 programas Pro Tools Perpetual (descriptos en sitios web que lo venden como sistemas de producción de audio para artistas, productores musicales y profesionales del sonido para elaborar la música, películas y programas de televisión), y cuatro parlantes inalámbricos Como 700 Sony. La factura fue rendida a Desarrollo Social con la firma de su presidente, Belliboni.
Esa compra se pagó, según el recibo que el dirigente también envió con su sello a las oficinas del Estado, con ocho cheques. Uno de ellos, identificado con los últimos tres dígitos 712, fue librado a favor de una tercera sociedad, Makosen SRL, con la firma también de Belliboni. Esta empresa, posteriormente, hizo una factura a favor de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL por “gestión de campaña online” y “proveedores medios web”, por el mismo monto que recibió del Polo Obrero, y transfirió el dinero a la sociedad detrás del Partido Obrero.
Lo mismo ocurrió con la Cooperativa El Resplandor. El mismo día que el caso anterior, se emitió otra factura, tipo A, por un monto de $1.815.000, por seis de las mismas notebooks y cinco programas de producción audiovisual. A esa factura se le asoció un cheque por $1.500.000, mientras que los $315.000 restantes no se explica cómo se pagaron. Luego, se usó el mismo mecanismo. El cheque fue librado a Makosen SRL por $1,5 millones y facturado luego a Ediciones e Impresiones Rumbos SRL por un monto incluso inferior, de $1.070.000. No queda claro que pasó con el dinero que se “perdió” en el pasamanos.
Coxtex SA, la empresa fantasma que intermedió en estas operaciones, fue fundada por Luis Alexander Pichuaga (canadiense) y María Soledad Vega, dos personas de bajos recursos que, según los testimonios recopilados hasta el momento en la investigación, fueron abordados por facilitadores profesionales que, a cambio de su nombre, les daban pequeños montos de dinero. Ellos tenían que hacer tramites en bancos y poner la firma en documentos, pero desconocían exactamente de qué se trataba.
Las direcciones, los escribanos y abogados que figuran detrás de estas sociedades han aparecido en otros casos de lavado de dinero y evasión fiscal. Los domicilios fiscales de estas empresas, sorpresivamente, llevan a otras personas relacionadas con casos de facturas apócrifas y con vínculos con la política, como Franco Bindi, abogado cercano a Lázaro Báez y Leonardo Fariña, y Norman Próspero, detenido por el caso de Leonardo Cositorto por estafa.
Los profesionales alrededor de los documentos firmados, como Juan Bautista Derrasaga y Ana Palesa, fueron acusados de constituir sociedades fantasmas con personas en situación de vulnerabilidad para armar “pantallas” en tramas narco como Carbón Blanco, personas involucradas en los Panamá Papers y en el círculo de empresarios vinculados al condenado extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Lo llamativo es que Pichuaga y Vega tienen más sociedades juntos. Coxtex no sería ni siquiera la que más facturación tuvo en los últimos años y el Polo Obrero no fue el único cliente. Las otras tres empresas se llaman Ciriaco Shoes SRL, Recinsur SA y VSP Consulting SA.
La semana pasada, el juez Casanello ordenó una serie de allanamientos alrededor de estas sociedades, incluidas la imprenta y un departamento del piso 12 de la calle Maipú 311, un edificio de oficinas que estuvo en la mira judicial en otras causas por lavado de activos, “cuevas” financieras, evasión tributaria y facturas truchas asociadas a, entre otros, los financistas Ernesto Clarens y Guillermo Greppi.
