El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, suscribió el controversial Pacto de Mayo y mandó a sus legisladores a votar en favor de la Ley Bases, donde se encuentra el polémico RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), ambas propuestas por el presidente Javier Milei. Estas herramientas que ahora emplea el gobierno nacional son vistas con recelo por varios sectores de la política ya que promueven la explotación de recursos naturales y grandes inversiones, pero también podrían hipotecar el futuro de la provincia, lo que generó una ola de críticas y preocupación entre la clase política local y los sectores ambientalistas.
El RIGI ofrece una “garantía de no afectación por normativas más gravosas” a quienes inviertan más de 200 millones de dólares en el país, lo que podría vulnerar la autonomía de provincias y municipios. En otras palabras, las actividades de cualquier proyecto que se ponga en marcha bajo el paraguas de esta normativa quedarían amparadas ante futuras demandas, no solo desde el punto de vista ambiental.
El gobierno provincial, en un esfuerzo por alinearse con las políticas nacionales y ganarse el favor presidencial, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto que no solo implica la adhesión de Chaco al RIGI, sino que también introduce facilidades adicionales propias para atraer grandes inversiones. El RIGI chaqueño ofrece exenciones impositivas a grandes empresas hasta el año 2054, una movida que es criticada desde varios sectores cercanos al mandatario provincial por sus amplias facilidades fiscales y el impacto a largo plazo en los recursos provinciales.
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, señala que detrás de estas políticas se encuentra una “concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que maneja los hilos de la provincia según sus intereses”. Viale denuncia la existencia de una “mafia del desmonte” y el funcionamiento de una “puerta giratoria” por la que personas alternan entre tareas empresariales relacionadas con la producción forestal o agropecuaria y su integración en los gobiernos locales.
Además, una carta enviada al gobernador Zdero se denuncia que Hernán Halavacs, actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco e hijo de un ex funcionario de la Dirección de Bosques, fue desde 2014 el responsable técnico de entre el 30 y el 50 % de los permisos de desmonte aprobados y se transformó en ministro con el apoyo del ex director de Bosques, Miguel López. También se menciona a su asesor, el abogado Luciano Olivares, quien fue subsecretario de Desarrollo Forestal de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich, y es hijo de Roberto Olivares, ex funcionario de la Dirección de Suelos.
Estas conexiones familiares y políticas suscitan sospechas y críticas sobre la verdadera intención y el impacto de las políticas propuestas, generando una creciente preocupación sobre el futuro ambiental y económico de Chaco.
